Bruselas ha sido escenario de una contundente denuncia por parte de una coalición de más de 40 organizaciones ecologistas, que han calificado de «anticientífica» la reciente rebaja de protección del lobo en la Unión Europea. Este jueves, activistas de plataformas como Green Impact, One Voice y NABU exigieron a los Estados miembros que establezcan una «cuota cero» de matanzas de lobos, argumentando que la persecución humana se ha convertido en la principal causa de muerte de estas especies en el continente. La coalición critica la falta de un seguimiento sistemático sobre la mortalidad de lobos, lo que dificulta conocer la magnitud real del problema y pone en entredicho la sostenibilidad de las decisiones tomadas por la Comisión Europea y los Estados miembros.
En un comunicado, las organizaciones ecologistas manifestaron que no existe base científica o jurídica que justifique las matanzas de lobos en la Unión Europea. Acusaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de tomar decisiones impulsadas por intereses políticos que favorecen a los lobbies del sector agrícola, poniendo en riesgo la vida de estos animales. Resaltaron que el informe consultivo de 2023, que sirvió como justificación para la rebaja de protección, presenta un contexto preocupante para la gobernanza medioambiental en la Unión, sugiriendo que la política ambiental debe estar basada en evidencia sólida y no en presiones externas.
La reciente reducción de la categoría de protección del lobo, que ha pasado a ser «protegido» en lugar de «estrictamente protegido», fue formalmente adoptada en junio, con el respaldo del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Sin embargo, ciertos Estados miembros, incluyendo España, han mantenido la opción de conservar niveles de protección más altos en sus territorios. A pesar de esta flexibilidad, el Parlamento español aprobó en marzo de 2025 una enmienda que permite la reducción de la protección del lobo en el norte del Duero, lo que demuestra un cambio significativo en la política ambiental del país ante la presión del sector agrícola.
El cambio en la legislación ha sido aplaudido por organismos que representan a grandes explotaciones agrarias, como la Copa-Cogeca, mientras que ha generado una oleada de críticas por parte de diversas organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace y WWF. Estas organizaciones han señalado que el debilitamiento de la protección del lobo compromete su estado de conservación en Europa, que aún no ha alcanzado niveles favorables. En respuesta a estas decisiones, un grupo de ONG ha interpuesto un recurso ante los tribunales comunitarios en febrero de 2025, buscando revertir lo que consideran un golpe a la conservación de esta emblemática especie.
A medida que las tensiones entre la agricultura, la conservación y la política europea se intensifican, la Comisión Europea ha reafirmado que no se puede cazar lobos si ello pone en riesgo a la especie. Sin embargo, la creciente influencia de grupos de interés agrícola en la elaboración de políticas suscitó preocupación entre los defensores del medio ambiente. En este contexto, organizaciones como Green Impact han instado a una mayor transparencia en la toma de decisiones dentro de la Unión Europea, subrayando la urgencia de considerar la protección del lobo como una responsabilidad colectiva que trasciende los intereses individuales.