Las grandes fortunas en España están reaccionando ante el creciente escrutinio de la Agencia Tributaria, que ha incrementado de manera notable el volumen de inspecciones fiscales en los últimos años. Esta presión se ha vuelto insostenible, llevando a los asesores de los patrimonios más relevantes del país a implementar auditorías internas y revisiones preventivas en sus estructuras patrimoniales y empresariales. Con una detección más eficiente de actos de elusión o fraude fiscal, la preocupación por las auditorías fiscales se ha intensificado, resaltando la necesidad de una adecuada planificación y respuesta ante los requerimientos de Hacienda.
Desde la creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, la Agencia Tributaria ha mostrado un aumento en la actividad inspectora, alcanzando cifras récord en 2025 con 1.329 expedientes abiertos. Sin embargo, la repercusión en términos de recaudación no se ha correspondido con dicho incremento, ya que el dinero liquidado -aumento del 9%- no parece reflejar el esfuerzo realizado. Este dengue de medidas por parte de la administración fiscal pone al descubierto la complejidad detrás de las inspecciones, donde los matices subjetivos contribuyen a la generación de conflictos legales.
Los expertos en fiscalidad, como Javier Morera de Broseta, advierten que las inspecciones no solo se han vuelto más frecuentes, sino que también adoptan enfoques más agresivos. Menos disposición para alcanzar acuerdos razonables y una creciente litigiosidad son características de un escenario que obliga a las grandes fortunas a revisar constantemente sus estrategias fiscales. Esto implica no solo una vigilancia sobre sus propias operaciones, sino también un análisis preciso de los riesgos que poen pueda surgir frente a la Agencia Tributaria.
El Plan de Control Tributario y Aduanero de 2026 manifiesta la intención de intensificar la lucha contra el fraude fiscal, especialmente en aquellos sectores de negocio con cifras de facturación elevadas. Los enfoques específicos de control incluyen la monitorización de la deducción de las empresas familiares, así como el control de las residencias fiscales y la utilización correcta de estructuras patrimoniales. Estas orientaciones obligan a los asesores fiscales a profundizar en las auditorías internas, asegurando que todas las normativas se cumplan y que cada detalle de la estructura patrimonial esté debidamente justificado.
Finalmente, la carga no se limita solo a las inspecciones, sino que también incluye un aumento en la dinámica sancionadora de la Agencia Tributaria. Esta realidad se traduce en un importante debate legal en torno a los principios de buena administración y proporcionalidad en las sanciones, según señalan especialistas. El Tribunal Supremo ha comenzado a emitir pronunciamientos que redefinen ciertos aspectos de la tributación relacionada con la empresa familiar, lo que podría significar una apertura de nuevos frentes judiciales y más litigios alrededor de la fiscalidad de las grandes fortunas. Así, la incertidumbre continúa vigente en el panorama fiscal español.