Una campaña en Change.org ha alcanzado más de 51,300 firmas en un esfuerzo por exigir al Gobierno de Asturias la retirada de su plan de caza que prevé la muerte de hasta 67 lobos, de los cuales ya han sido ejecutados siete en un intento de controlar la población de esta especie. Este ambicioso plan ha sido objeto de críticas feroz por parte de organizaciones que defienden la biodiversidad y los derechos de los animales, quienes han presentado una acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Al mismo tiempo, entidades como la Fundación Artemisan y la Unión Rural Asturiana (URA) apoyan la medida, argumentando que la reducción de la población de lobos es necesaria para proteger el ganado y minimizar los daños que causan estas criaturas en zonas rurales.
La Fundación Artemisan ha ido más allá al solicitar que se imponga una fianza de 1,9 millones de euros a las organizaciones ecologistas si se concede la suspensión cautelar del plan de caza. Argumentan que esa cantidad refleja los daños económicos que podría causar la interrupción de las cacerías en la ganadería, así como en poblaciones de animales domésticos y especies cinegéticas. Desde finales de agosto, el Gobierno autonómico aprobó la caza de lobos en el marco del II Plan de Gestión del Lobo, con una ejecución ya iniciada que ha resultado en la muerte de siete lobos, lo que ha generado un nuevo debate sobre la legalidad y necesidad del control poblacional.
Los defensores del lobo aseguran que la caza de esta especie es ilegítima dado que actualmente no está en una situación de conservación favorable. El uso de la fuerza para reducir la población de lobos ha sido criticado enérgicamente, especialmente porque el Tribunal Constitucional aún no ha emitido su fallo sobre la ley que autoriza esta práctica. Fuentes de estas organizaciones han manifestado su preocupación de que la decisión del Principado de matar lobos tenga como único objetivo reducir su número antes de que se pueda tomar una decisión judicial que ponga fin a la cacería.
Por otro lado, la Fundación Artemisan argumenta que la suspensión de estos planes cautelares podría alargar el conflicto, afectando negativamente las explotaciones ganaderas y la gestión de la fauna silvestre. Desde su perspectiva, el estado de conservación del lobo en Asturias es favorable y su caza responde a un aumento documentado en los ataques a ganado, una situación que vienen denunciando los ganaderos. Sin embargo, existe un marcado contraste con la visión del Estado central que califica a la especie como desfavorable en todo el país, generando confusión sobre la mejor vía a seguir en la gestión de la población de lobos.
La campaña en Change.org, liderada por Cristina, ha captado la atención sobre el impacto negativo que la estrategia del Gobierno de Asturias podría tener en la preservación del lobo, una especie considerada fundamental para la salud de los ecosistemas. Cristina sostiene que exterminar lobos no es la solución y aboga por alternativas sostenibles que promuevan la coexistencia entre la ganadería y la fauna salvaje. Al señalar que los lobos juegan un papel crucial en mantener el equilibrio natural al controlar otras especies, ella sugiere la educación y el ecoturismo como formas potenciales de conservar la especie y generar ingresos para las comunidades locales, al mismo tiempo que se protege un patrimonio natural valioso.