En Santander, representantes de siete comunidades autónomas han presentado una denuncia ante la Comisión Europea, en respuesta a los incumplimientos del Gobierno de España relacionados con la legislación comunitaria sobre la gestión del lobo ibérico. Las comunidades implicadas son Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León, que buscan abordar el impacto que la especie tiene en sus regiones. Esta reunión ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por el manejo de la población de lobos y su relación con la ganadería extensiva en estos territorios.
La situación del lobo ibérico (Canis lupus signatus) refleja una dualidad entre la recuperación de su población y las disputas políticas que rodean su protección. Según las últimas estadísticas, en 2025 se contabilizaron 333 manadas, un 12% más que en 2014, aunque aún se encuentra por debajo del umbral mínimo que los expertos consideran necesario para fidelizar su viabilidad genética. Esta especie, que se concentra mayoritariamente en las comunidades del norte del país, ha comenzado a expandirse hacia otras regiones, como Extremadura, un hecho que indica una ligera recuperación, pero también plantea nuevos desafíos en la gestión de la fauna salvaje.
Desde la inclusión del lobo en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), su estado ha sido objeto de numerosas revisiones. La inclusión de enmiendas que permiten la caza en las denominadas «comunidades loberas» ha suscitado controversia y ha creado una atmósfera de inseguridad jurídica. A nivel europeo, aunque el Convenio de Berna ha modificado su clasificación de «estrictamente protegido» a «protegido», España ha optado por mantener su inclusión en el LESPRE, lo que ha desencadenado discusiones sobre la gestión sostenible y la coexistencia entre lobos y actividades ganaderas.
En los últimos meses también se ha denunciado un aumento de la mortalidad no natural entre lobos, especialmente en regiones como Palencia, donde se han reportado más de diez muertes en poco tiempo. Incidentes como estos, junto con los efectos de los incendios forestales de 2025 que han afectado hábitats críticos, han motivado a ciudadanos y científicos a abogar por una mayor protección del lobo, buscando no solo salvaguardar la especie, sino también asegurar su convivencia armónica con la ganadería. Más de cien científicos han solicitado mantener al lobo en el LESPRE y establecer en 500 manadas el umbral mínimo necesario para su conservación.
Las comunidades autónomas han solicitado la urgencia de convocar una conferencia sectorial sobre el lobo y que el Gobierno cumpla con sus obligaciones respecto a la Comisión Europea. En este sentido, la consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, ha enfatizado la necesidad de colaboración entre el Gobierno y las comunidades para implementar una gestión que permita la convivencia con la especie. Asimismo, denunciaron que el aumento exponencial de ataques a ganado ha puesto en riesgo la ganadería extensiva, señalando que su intención no es destruir al lobo, sino ajustar su población para lograr un equilibrio que permita la coexistencia.