La asociación Intercids, que agrupa a operadores jurídicos para la defensa de los derechos de los animales, ha solicitado públicamente al Gobierno y a los grupos parlamentarios que apoyen su propuesta legislativa destinada a prohibir las granjas de pulpos en España. La organización, que incluye abogados, jueces, fiscales y agentes de medio ambiente, ha lanzado la campaña «No aceptes pulpo como animal de macrogranja» con el objetivo de detener el posible establecimiento de estas explotaciones acuícolas en el país. Pese a que aún no hay evidencia de granjas comerciales de pulpos en ninguna parte del mundo, el interés de algunas multinacionales demuestra que la amenaza es latente y urgente para los defensores del bienestar animal y del medio ambiente.
Intercids ha manifestado su preocupación ya que la instalación de granjas de pulpos implicaría graves repercusiones tanto para los ecosistemas marinos como para la salud pública. La organización ha destacado que los científicos han advertido sobre el impacto devastador que este tipo de explotación tendría, ya que se trataría de «fábricas» que amenazarían a la fauna marina. La crítica se centra en la incompatibilidad de mantener a un animal carnívoro, inteligente y salvaje en un entorno que prioriza la producción intensiva, algo que muchos colectivos han denunciado como una aberración ética.
Una experiencia previa en Canarias, donde un intento de establecer una macrogranja de pulpos fue abandonado gracias a la presión social y científica, ha servido como testimonio de que la ciudadanía puede influir en decisiones de este tipo. Intercids ha resaltado que sin una legislación que prohíba explícitamente esta práctica, el riesgo de que se intente implementar en otras zonas de España sigue latente. Según María González Lacabex, vocal de la organización, es crucial que el Gobierno y los grupos parlamentarios actúen con responsabilidad, apoyando la iniciativa para salvaguardar los derechos de estos animales y el medio ambiente.
La Proposición de Ley presentada por Intercids fue registrada en el Parlamento en junio del año pasado y está a la espera de ser debatida en el Pleno del Congreso. González Lacabex ha instado a que se priorice este asunto e insiste en que, al ser una actividad que aún no se ha materializado, prohibirla ahora no tendría repercusiones económicas. Por su parte, el biólogo Mario Alonso Santamaría ha enfatizado las dificultades inherentes a la adecuada atención de los pulpos en cautividad, citando problemas como el hacinamiento, la alimentación inadecuada y el elevado estrés que sufrirían estas criaturas en entornos artificiales.
Por otro lado, Intercids ha señalado que los problemas derivados de la producción intensiva de pulpos van más allá de la salud animal y pueden presentar graves riesgos para el medio ambiente. Al ser criaturas carnívoras que tienden a evitar la proximidad de otros pulpos, el hacinamiento en tanques definidos para 200 ejemplares podría desencadenar comportamientos como el canibalismo y el estrés severo. Los investigadores han advertido sobre la inadecuada adaptación de estas criaturas a tal confinamiento, que podría resultar en sufrimientos adicionales y un deterioro irreversible del ambiente marino circundante. Por ello, la urgencia de la propuesta legislativa presentada por Intercids se hace más evidente.