Seis años habían transcurrido desde el final de la dictadura de Franco en España, y el desarrollo del país hacia una democracia plena no había sido un viaje fácil. A pesar de la esperanza que trajo consigo la aprobación de la Constitución en 1978 y las primeras elecciones libres, la sombra de la crisis económica y la violencia del terrorismo de ETA otorgaban un aire de inestabilidad al joven sistema democrático. En 1977, la inflación se elevó a un desolador 26,40%, lo que convulsionó la economía y desató un movimiento social de descontento. Sin embargo, la voluntad política y los Pactos de La Moncloa lograron unir a todos los partidos recién legalizados para abordar la crisis, mientras que, al mismo tiempo, la amenaza del terrorismo alimentaba un permanente estado de alerta y desconfianza en las fuerzas armadas.
El invierno de 1981 se volvió un momento clave en la historia reciente de España. La dimisión inesperada de Adolfo Suárez, quien había sido un pilar fundamental durante la Transición, desató una serie de acontecimientos que culminarían en un clima de tensión extrema. En medio de discusiones que llevaban a la investidura de su sucesor, un grupo de guardias civiles, liderado por el teniente coronel Antonio Tejero, tomó el Congreso por asalto. Este hecho no solo puso en evidencia la fragilidad de la democracia española, sino que también ratificó una profunda división entre aquellos que anhelaban un regreso a la dictadura y quienes luchaban por consolidar un sistema democrático.
Como parte de la intentona golpista, justamente antes de la irrupción en el Congreso, el teniente general Milans del Bosch había movilizado tanques en Valencia y declarado el estado de excepción. La situación se tornaba caótica, con una mezcla de incertidumbre e inquietud que calaba hondo en la población. Ante esto, el deseo de una mayor estabilidad era palpable. Sin embargo, las fuerzas del orden parecían descoordinadas, y el plan del golpista Armada de establecer un gobierno de unidad democrática se enfrentaba a un poder real que no parecía dispuesto a ceder. La intervención del rey Juan Carlos I, quien se dirigió a la nación de manera contundente, se erigía como el punto de inflexión que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos.
Con el histórico discurso televisado del rey, quien reafirmó el compromiso de la Corona con la democracia, el golpe fracasó estrepitosamente. Las palabras de Juan Carlos I se convirtieron en un símbolo de resistencia ante la intentona golpista, llevando a muchos militares y fuerzas leales a la democracia a desmarcarse de la alineación de Milans y Tejero. El colapso del golpe de Estado dejó al país en un estado de alerta máxima, pero también reafirmó los valores democráticos conquistados a lo largo de la Transición. El retorno a la normalidad, aunque lleno de incertidumbres, fue visto como un triunfo del pueblo español frente a aquellos que intentaban volver a la represión.
En los días posteriores al 23 de febrero, la comunidad internacional reaccionó rápidamente, condenando la intentona golpista y reafirmando su apoyo al gobierno democrático español. Las manifestaciones de rechazo al golpe fueron escasas, reflejando el temor que embargaba a la sociedad. Sin embargo, la presión y el aislamiento internacional sobre los golpistas se tornaron determinantes en el contexto español. Entre rumores de detenciones y listas negras, la vida política trataba de restablecerse en una nación que, a pesar de haber sobrevivido a la crisis del 23-F, ahora lidiaba con las secuelas de un intento fallido por restaurar un régimen autoritario.