La conservación del lobo ibérico se encuentra en una encrucijada, tal como lo han señalado tanto la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de Mamíferos (SECEM) como la Sociedad Científica para el Estudio y Conservación de los Grandes Depredadores y sus Hábitats Naturales (DIRUS). Ambas instituciones afirman que el estado de la especie es desfavorable, destacando que la evaluación de su conservación no debe limitarse a cifras de manadas, sino que debe considerar diversos factores críticos. Entre estos se incluyen la endogamia elevada y una escasa variabilidad genética en las poblaciones de España y Portugal, que están aisladas del resto de las poblaciones europeas, así como la degradación de su hábitat y la mortalidad elevada por causas no naturales, como la caza ilegal y los atropellos. Sin embargo, a medida que se intensifica el debate sobre la gestión del lobo, estas preocupaciones a menudo se evaden, lo que podría tener graves consecuencias para la especie.
El proceso de información pública abierto por el Gobierno para revisar el estado de conservación del lobo ha suscitado controversia, como evidencian las alegaciones presentadas por diferentes sectores. Mientras el informe sexenal del Gobierno reconoce un estado desfavorable, varias comunidades autónomas defensores del lobo argumentan lo contrario, citando el aumento de las manadas en sus respectivas regiones. La discordancia pone de manifiesto el desafío de equilibrar las necesidades de conservación con los intereses económicos y sociales, particularmente en áreas donde los ataques a ganado son una preocupación. Sin embargo, la evidencia científica del SECEM sugiere que la merecida conservación del lobo no debe depender solo de contadores optimistas de manadas, sino de análisis profundos sobre la dinámica de las poblaciones y su viabilidad a largo plazo.
La SECEM ha señalado que, a pesar del aumento en el número de manadas registradas entre censos, esto no significa que haya habido una recuperación poblacional sustancial. Las razones apuntadas son diversas, como la mejora de los métodos de seguimiento que podrían haber influido en los resultados más que un crecimiento genuino de la población. Además, la organización advierte sobre el riesgo elevado de extinción al que se enfrenta el lobo ibérico, dado que su número de individuos maduros es inferior a 1.000. La situación de endogamia y la falta de diversidad genética, así como el aumento de mortalidad por factores humanos, son indicadores preocupantes que subrayan la vulnerabilidad de esta especie.
Por otro lado, DIRUS se opone firmemente a cualquier forma de caza indiscriminada del lobo, argumentando que la interpretación del estado de conservación no puede basarse exclusivamente en cifras poblacionales. Los expertos de DIRUS apuntan a la mortalidad no natural y la fragmentación del hábitat como factores que impiden cualquier control letal de poblaciones. De acuerdo con sus alegaciones, la caza debería ser considerada solo si se demuestra la necesidad y proporcionalidad, así como la viabilidad a largo plazo de la especie. La organización enfatiza que la protección del lobo debe ser prioritaria y que cualquier medida de manejo debe ser cuidadosamente evaluada bajo criterios científicos claros.
La valoración crítica de la situación del lobo ibérico es respaldada por diversas organizaciones ecologistas y conservacionistas, que también han hecho alegaciones a favor de un estado de conservación desfavorable. El proceso de recopilación de información y alegaciones se espera que culmine en una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que analizará todas las perspectivas antes de tomar decisiones sobre la gestión futura del lobo. El objetivo es asegurar que el manejo de la especie se base en una sólida base científica que no solo reconozca las contadas cifras de manadas, sino que también aborde los factores acumulativos que afectan su viabilidad a largo plazo y su futuro como especie en la península ibérica.