El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado inicio a un proceso de información pública centrado en el estado de conservación del lobo, permitiendo a la ciudadanía presentar alegaciones al informe sexenal elaborado por el Gobierno. Este informe, que concluye que el estado del lobo sigue siendo desfavorable, entra en confrontación con la posición de la Xunta de Galicia, que sostiene que la situación es favorable. La consulta permanecerá abierta hasta el 27 de mayo, brindando a los interesados la oportunidad de participar antes de que los informes se presenten a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde se tomará la decisión final sobre qué documento se remitirá a la Comisión Europea. Este contexto se ve afectado por la reciente vigoración de la Ley de Desperdicio Alimentario que ha reducido la protección nacional del lobo.
La existencia de dos informes sobre el estado de conservación del lobo ha surgido de un cambio en el procedimiento habitual. Tradicionalmente, el Ministerio elaboraba un único informe basado en datos suministrados por las comunidades autónomas, el cual era enviado directamente a Bruselas sin necesidad de la validación de estas. Sin embargo, con las modificaciones legislativas recientes, se requiere que el informe sexenal sea aprobado en la Conferencia Sectorial, donde se discuten asuntos como la protección de la fauna y flora silvestre. Esta nueva dinámica ha generado un debate considerable sobre las condiciones de conservación del lobo y su caza.
En un contexto donde la caza del lobo se debate intensamente, la denominación del estado como favorable o desfavorable es crucial. Con el incremento de ataques a ganado, hay presión ejercida por algunos sectores para implementar controles poblacionales sobre el lobo, aunque tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han advertido que la caza del lobo debe realizarse bajo estrictas condiciones y únicamente cuando no exista una alternativa viable. La controversia gira en torno a la re-apertura de la caza, especialmente en las comunidades donde se argumenta que el lobo es una amenaza para el ganado, complicando aún más el proceso de decisión con implicaciones tanto científicas como políticas.
Entidades como Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo han solicitado el trámite de información pública ante el creciente interés y preocupación sobre el estado del lobo. Tras la recopilación de las alegaciones y datos pertinentes del proceso de consulta, se convocará una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Según Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, la meta es asegurar que se consideren todos los criterios, especialmente los científicos, antes de decidir sobre la situación del lobo, resaltando la importancia de la rigurosidad científica en la gestión de esta especie durante los próximos seis años.
Por otro lado, una carta firmada por los consejeros de Medio Ambiente de doce comunidades, todas gobernadas o cogobernadas por el Partido Popular, ha exigido la convocatoria de una reunión extraordinaria para discutir el estado de conservación del lobo. Las comunidades han presentado argumentos que respaldan su postura de que el estado del lobo es favorable, criticando al Ministerio por actuar de manera arbitraria al no convocar a la Conferencia Sectorial. La situación actual pone sobre la mesa un debate no sólo sobre la conservación y gestión del lobo, sino también sobre los enfoques políticos que puedan influir en decisiones que antes se sustentaban en bases científicas.