Madrid, 27 jun (EFE).- La jornada parlamentaria ‘En defensa del lobo’ ha reunido este viernes a un diverso grupo de expertos, entre ellos biólogos, juristas, forestales y ganaderos, quienes han expresado su firme oposición a la reducción de la protección legal del lobo en España. Durante las tres mesas redondas celebradas en el Congreso de los Diputados, los participantes discutieron la situación actual del lobo, describiendo que su población se ha mantenido «estable» en las últimas décadas, lo que contradice la narrativa de aquellos que argumentan la necesidad de eliminar su protección. También se resaltó el nuevo censo nacional, que reporta 333 manadas de lobos, una cifra significativamente inferior a las 500 manadas que se consideran necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
Félix Romero, director de la Fundación Biodiversidad, fue uno de los primeros en tomar la palabra, señalando que la situación actual del lobo es alarmante, ya que la población está por debajo de los niveles que serían deseables para un equilibrio ecológico. Romero precisó que se destinarán 20 millones de euros para fomentar la convivencia entre el lobo y las actividades humanas en el territorio, un esfuerzo que la Fundación buscará acompañar con innovadoras y viables soluciones prácticas. Este compromiso financiero es crucial para crear un verdadero marco de coexistencia, que permita tanto la preservación de la especie como la actividad ganadera.
El doctor en biología y profesor de la Universidad de León, Andrés Ordiz, ofreció una perspectiva de esperanza al insistir en que, a pesar de momentos críticos en el pasado, el lobo ha mostrado señales de recuperación. Sin embargo, también destacó los resultados de un estudio realizado por la Estación Biológica de Doñana, que evidenció que, aunque el lobo ha crecido en número, ha perdido más de la mitad de su área de distribución histórica. Esto subraya la necesidad de una gestión conservacionista en lugar de medidas que busquen reducir su protección, enfatizando la importancia de la diversidad genética y la salud del ecosistema en que estos animales habitan.
Durante la mesa redonda sobre cuestiones legales, el magistrado Jesús Agustín Pueyo abordó la forma en que se aprobó la eliminación de la protección del lobo a través de la reciente Ley de Desperdicio Alimentario, señalando que la inclusión de esta medida es cuestionable y podría ser inconstitucional. Las decisiones legales han llevado a que distintas comunidades autónomas adopten posturas dispares respecto a la caza del lobo, lo que ha generado una situación confusa y contradictoria. La letrada de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), María José Gil, resaltó la necesidad de que se tomen decisiones basadas en una evaluación real del estado de conservación, argumentando que cualquier medida debe considerar las repercusiones biogeográficas más amplias.
En un enfoque positivo hacia la coexistencia entre el lobo y la ganadería, Leandro Valle, un ganadero de Valdivieso en Burgos, compartió su experiencia sobre cómo es posible integrar la ganadería con la presencia del lobo de manera rentable. Destacó el uso de medidas como la construcción de refugios para el ganado y el uso de perros mastines para proteger a los animales. En este mismo sentido, Carolina Martín, coordinadora de conservación de Ecologistas en Acción, amplió la conversación incluyendo propuestas que provienen directamente de los ganaderos, como la implementación de indemnizaciones condicionadas a la adopción de medidas preventivas. Este diálogo constructivo refleja un avance hacia soluciones prácticas que favorezcan tanto la conservación del lobo como las necesidades del sector ganadero.