La reciente decisión del gobierno chileno de cancelar dos concesiones de autopistas otorgadas a la empresa española Azvi ha generado una gran preocupación en el sector de concesiones en España. Este hecho se considera alarmante porque Chile ha sido históricamente visto como uno de los mercados más seguros de América Latina para inversiones en infraestructura. La incertidumbre creada por esta abrupta medida ha llevado a un aumento en la prima de riesgo asociado a inversiones en el país, lo que podría desincentivar la llegada de capital extranjero y afectar negativamente la economía chilena en su conjunto.
El pasado 10 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas chileno notificó a Azvi sobre la cancelación de los contratos de las rutas 160 y 150 en Concepción, argumentando «razones presupuestarias». Esta decisión sorprendió a muchos en el sector, ya que se trataba de proyectos que habían recibido previamente la aprobación de los organismos técnicos correspondientes. La falta de claridad sobre las razones detrás de la revocación ha dejado entrever que podría haber motivaciones políticas ocultas, aumentando así la preocupación entre los inversores y contratistas españoles.
Según el Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada, esta revocación podría comprometer hasta 8.000 millones de dólares en inversiones y pone en peligro alrededor de 95.000 empleos en el país. El informe señala que, aunque los proyectos de Azvi representan más de 400 millones de dólares, el verdadero problema radica en el precedente que se establece. Existen en total más de veinte iniciativas adjudicadas por más de 10.000 millones de dólares que se encuentran en pausa, lo que podría derivar en una disparidad en el desarrollo infraestructural del país.
El instituto advierte que, al optar por financiar las infraestructuras directamente con recursos públicos, el gobierno chileno no resuelve sus problemas presupuestarios, sino que, por el contrario, los agrava. Las concesiones públicas han sido históricamente una forma efectiva de atraer inversión privada y permitir que los gobiernos mantengan sus presupuestos relativamente estables. Este cambio de enfoque podría resultar en un aumento de la deuda pública, perjudicando la salud financiera del país a largo plazo.
Finalmente, expertos en la materia señalan que la solución a esta crisis se encuentra al alcance del gobierno chileno y no implica costes adicionales. Simplemente se requiere restablecer los contratos adjudicados y reforzar el compromiso con el sistema de concesiones, que ha demostrado ser un modelo eficaz durante años. La reputación de Chile como un país confiable en términos de seguridad jurídica y previsibilidad está en juego, y cualquier acción que lleve a la inestabilidad en este aspecto podría dañar gravemente su atractivo como destino de inversión.