El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado, por contrario a derecho, el Programa Anual de Control del Lobo 2025-2026, que contemplaba la caza de 53 ejemplares de esta especie. Esta decisión se produce tras una decisión fundamentada en un recurso contencioso-administrativo presentado por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes N’Aición D’Asturies. El tribunal ha llegado a esta conclusión después de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, que ha dictado varias sentencias sobre el control letal del lobo en Asturias y Cantabria, reafirmando la protección de esta especie en un estado de conservación desfavorable.
Los demandantes argumentaron que la aprobación del programa se llevó a cabo al amparo de una norma derogada, la cual ya no tenía validez. Además, señalaron que la muerte de lobos bajo esta normativa contraviene el principio de interdicción de controles letales para especies silvestres de interés comunitario. La sentencia del TSJA deja claro que exterminar individuos de una especie protegida, como el lobo, sobre la base de una disposición que ha sido anulada es inaceptable. Jaime Doreste, abogado de los recurrentes, destacó que la decisión judicial valida las posiciones sostenidas en todo el proceso.
Durante la vigencia del Programa Anual de Control 2025-2026, aproximadamente 45 lobos ya habían sido sacrificados, una cifra que podría haberse evitado si el TSJA hubiera concedido las medidas cautelares solicitadas para suspender el programa. Sara González, letrada que representa a la Plataforma, expresó su descontento por el hecho de que el tribunal desestimara estas medidas cuando ya se conocían las sentencias del Tribunal Supremo que apoyaban su argumento. La situación resaltó la eficacia judicial del TSJA frente a decisiones administrativas que parecen validarse en contrario a la ley.
El programa de control anterior para 2024-2025 fue suspendido por el Gobierno de Asturias en febrero, tras la anulación del programa de 2022 por el Tribunal Supremo. Sin embargo, a pesar de este revés, el gobierno regional se encuentra trabajando en la elaboración de un nuevo programa para la gestión del lobo. Los datos preliminares indican que antes de la suspensión del programa, ya se habían abatido 31 lobos, sumando otros 11 que murieron por diferentes causas, alcanzando un total del 80% de lo proyectado en el plan.
La jurisprudencia presentada por el Tribunal Supremo establece que, aunque las comunidades autónomas tienen la potestad de implementar medidas de gestión del lobo, tales medidas deben ceñirse a estrictas condiciones, alineadas con las directrices de la Unión Europea en materia de conservación. Esto implica que la muerte de lobos solamente puede ser justificada en casos concretos y tras demostrar que la población de la especie se mantiene de manera saludable. La extracción de ejemplares, según el alto tribunal, debe ser selectiva y nunca un método indiscriminado, evitando así desequilibrios dentro de las manadas que son esenciales para su sobrevivencia.