El Ministerio para la Transición Ecológica de España ha anunciado su intención de proponer la inclusión de la anguila (Anguilla anguilla) en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en la reunión prevista del Comité de Fauna y Flora el próximo 17 de febrero. Esta decisión surge en un contexto de alarmante declive poblacional de la anguila, que ha sido gravemente afectada por la fragmentación de los hábitats acuáticos y la pesca indiscriminada, especialmente de sus crías, conocidas como angulas. La categorización como especie en peligro de extinción implicaría la prohibición inmediata de la pesca y consumo de esta especie, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, con el fin de asegurar la recuperación de sus poblaciones.
La inclusión de la anguila en el LESRPE requiere la colaboración activa de las comunidades autónomas, ya que la especie es objeto exclusivo de pesca en aguas interiores. El Ministerio ha sostenido que su propuesta se fundamenta en criterios científicos robustos, así como en recomendaciones de organismos internacionales que alertan sobre la grave amenaza que afronta la anguila. De esta manera, el Gobierno español estaría cumpliendo con compromisos internacionales en materia de conservación de la biodiversidad y lucha contra el tráfico ilegal de especies.
Este movimiento hacia la protección de la anguila no es nuevo; ya en 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica solicitó un dictamen al Comité Científico que aconsejó sobre la necesidad de legislar en torno a la especie. La evidencia demostraba que la anguila se encontraba fuera de sus límites biológicos de seguridad, registrando una disminución constante desde las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, a pesar de esfuerzos anteriores y de un nuevo informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), una propuesta similar fue rechazada en 2024, ya que no se logró el consenso necesario para su aprobación entre las comunidades autónomas.
La designación de la anguila en el LESRPE ofrecería una protección legal reforzada que iría más allá de la prohibición de la pesca. En virtud de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, se prohibirían actividades que afecten negativamente a la especie, como la captura, el tráfico y la compra-venta de ejemplares. Esto también se traduce en medidas de conservación más estrictas, que incluyen la protección de los lugares de reproducción y la prohibición de la destrucción de sus hábitats. Estas acciones son consideradas esenciales para evitar la pérdida definitiva de esta especie icónica y garantizar su supervivencia.
La urgencia de la situación de la anguila ha llevado a un número creciente de organizaciones y chefs de renombre, como la junta directiva de Euro-Toques España, a unirse en la campaña «Angulas no, gracias». Este esfuerzo refleja una creciente conciencia pública sobre la necesidad de proteger a la anguila frente a un consumo que la pone en riesgo. Según estimaciones, el tráfico ilegal de anguila causa daños ambientales valorados en casi 82.000 millones de euros, lo que enfatiza aún más la necesidad de restricciones y un enfoque concertado para salvar esta especie de la extinción.