Madrid, 22 jul (EFE).- Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) se reúne en pleno para decidir si admite a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, en el que se cuestionan varios artículos de la nueva ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Uno de los puntos más polémicos de la ley es que, según el Defensor del Pueblo, podría facilitar la caza del lobo en un momento crítico, ya que la Unión Europea (UE) ha comenzado a reducir la protección legal de esta especie. Esta situación ha generado un intenso debate en el ámbito ecologista, así como discordia entre los diferentes partidos políticos en España.
El recurso del Defensor del Pueblo señala tres aspectos específicos de la ley que podrían contradecir derechos fundamentales, como el derecho al medio ambiente (artículo 45) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1) establecidos en la Constitución. Según este argumento, las disposiciones adicionales y transitorias de la ley atentarían contra la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que actualmente reconoce al lobo como especie silvestre protegida. Esta posible contradicción legal ha suscitado preocupaciones en sectores que defienden la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.
Sin embargo, el TC enfrenta una limitación en su capacidad de respuesta inmediata, ya que el Defensor del Pueblo no solicitó medidas cautelares en su demanda, lo que impide al tribunal actuar de forma urgente. La controversia se intensifica, además, por la inminente fecha límite para la entrega de informes sexenales a la UE, relacionados con la conservación de hábitats y especies silvestres, que deben ser enviados antes de que finalice el presente mes. Este factor añade presión sobre los organismos responsables de evaluar la situación del lobo y la legislación que lo afecta.
Según el último censo del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), se han documentado 333 manadas de lobos, lo que representa un incremento del 12% respecto a cifras anteriores. No obstante, el ministerio califica el estado de conservación de la especie como «desfavorable-inadecuado», lo que podría justificar su inclusión nuevamente en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe). Esta decisión contrasta con las afirmaciones de las comunidades del norte del Duero, que argumentan que el aumento de la población de lobos indica que su estado es «favorable».
La controversia ha culminado en la suspensión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se iba a celebrar hoy. La anulación fue anunciada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en respuesta a la solicitud de la Plataforma para la Defensa de la cordillera Cantábrica. Esta situación refleja el profundo desacuerdo existente entre el Gobierno y ciertas comunidades autónomas sobre la protección y gestión de la especie, elemento clave en el ecosistema español que debe ser protegido según la legislación vigente. Las próximas decisiones del Tribunal Constitucional y del Gobierno serán fundamentales para determinar el futuro del lobo y la ley sobre el desperdicio alimentario.