La Audiencia Nacional ha decidido suspender el pago de **152,4 millones de euros** que la compañía energética Repsol debía abonar, en relación al controvertido ‘**impuestazo**’ energético de 2023. Este fallo llega mientras la sala contencioso-administrativa evalúa un recurso interpuesto por Repsol contra este impuesto temporal, que fue impuesto por el Gobierno español en un intento de contener la crisis energética que el país enfrenta. El auto, que ha sido revelado por varios medios, indica que la suspensión del pago es crucial para evitar posibles riesgos en el desarrollo del procedimiento judicial.
Los magistrados argumentaron que el desembolso inmediato de tal cantidad podría generar perjuicios irreversible para Repsol, además de que las pretensiones de la Hacienda están respaldadas por un aval que asegura su recuperación en el caso de que se estime favorablemente la demanda de la compañía. Según el tribunal, «una eventual estimación de la demanda no eliminaría plenamente los perjuicios derivados del desembolso de una cantidad de tal magnitud», lo que pone de manifiesto la prudencia de la decisión adoptada ante la incertidumbre de la situación.
Adicionalmente, la sala ha señalado que conceder la medida cautelar solicitada por Repsol no representa una amenaza para los intereses generales, dado que la deuda está respaldada por un aval bancario que garantiza el eventual crédito de la Hacienda Pública durante el periodo de tramitación del proceso. Es importante destacar que el Abogado del Estado no se opuso a esta medida, sino que la condicionó a la verificación de la existencia y suficiencia de las garantías presentadas, lo que demuestra un enfoque equilibrado hacia la situación.
El impuesto en cuestión, que fue establecido a finales de 2022, se introdujo en un contexto de crisis energética, donde el Gobierno buscaba aumentar la carga fiscal sobre las grandes compañías energéticas que reportaban beneficios récordes a raíz del aumento en los precios del gas y la electricidad. Este gravamen afectó a todas las empresas eléctricas y petroleras que tuvieron ingresos superiores a **1.000 millones de euros** en 2019, exceptuando aquellas cuya actividad energética no era su principal fuente de ingresos.
El impuesto, que entró en vigor durante 2023 y 2024, fijó un tipo impositivo del **1,2%** sobre las ventas de estas empresas, excluyendo ingresos regulados y aquellos provenientes del extranjero. Sin embargo, a principios de 2025, el Congreso rechazó la convalidación de este real decreto ley, que había sido objeto de acuerdos políticos. Durante su vigencia, el Ministerio de Hacienda reportó que la recaudación total de esta medida extraordinaria ascendió a **2.800 millones de euros**, lo que subraya la importancia de los recursos movilizados a través de impuestos en épocas de crisis.