La Rioja ha reafirmado su postura sobre la caza del lobo al catalogarlo por segundo año consecutivo como especie silvestre cazable. La reciente orden, que detalla las restricciones y los períodos hábiles para la temporada de caza 2026/2027, permite realizar batidas entre el 1 de octubre de 2026 y el 7 de febrero de 2027. Esto incluye los fines de semana y festivos, y establece que, para cualquier caza de lobo, es esencial contar con la autorización administrativa correspondiente. Además, se autorizará la caza en rececho, modalidad que implica rastrear al animal discretamente, desde el 4 de septiembre al 9 de octubre de 2026, lo cual genera un alto debate entre ecologistas y cazadores sobre la gestión sostenible de esta especie.
Mientras que esta normativa sitúa al lobo junto a otras especies cinegéticas como jabalíes y ciervos, también ha generado descontento y controversia. Organizaciones como ASCEL y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico se han opuesto firmemente a estas decisiones, argumentando que la caza del lobo no solo es malintencionada, sino que también ignora estudios científicos y decisiones judiciales recientes que defienden la protección de la especie. A pesar de que el Gobierno regional ha autorizado batidas, durante la pasada temporada 2025-2026 no se registró la caza de un solo ejemplar, lo que pone en entredicho la eficacia de esta medida.
ASCEL ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, argumentando que la nueva orden es un mero copia de la anterior y reafirma su postura de que cualquier control letal de la población de lobos debe realizarse únicamente como último recurso, siempre que no amenace la supervivencia del lobo en el país. La organización resalta que la conservación implica el uso de datos precisos y la transparencia en la gestión, desestimando las repeticiones de autorizaciones de caza cuyos fundamentos legales están en revisión judicial. Esta postura subraya la creciente preocupación por las implicaciones legales y ambientales de la caza de lobos.
En un análisis más amplio, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico también considera que permitir la caza de lobos frustrará la recuperación de la especie en La Rioja y dificultará su expansión hacia otras comunidades autónomas como Aragón y Cataluña. Se destaca que la eliminación de lobos, lejos de ser una solución, es un enfoque regresivo que contrarresta los esfuerzos de conservación necesarios para garantizar la salud genética de la especie, que ya está en una situación vulnerable en esta región. Esta visión crítica atrae la atención hacia la necesidad de colaboración entre ecologistas, cazadores y ganaderos para encontrar soluciones equilibradas.
Desde la perspectiva de los cazadores, el presidente de la Real Federación Española de Caza, Josep Escandell, argumenta que las medidas de control de la población de lobos deben basarse en criterios técnicos y científicos. Si bien reconoce la importancia del lobo en los ecosistemas, también enfatiza que es fundamental gestionar su presencia de manera que se minimicen los conflictos con los ganaderos. Escandell sostiene que la caza responsable no solo permite un mejor control de la población de lobos, sino que también contribuye al desarrollo económico y rural en las zonas afectadas. Este punto de vista resalta la complejidad del debate sobre la coexistencia entre el lobo y las actividades humanas.