Rabat, Marruecos ha dado un paso significativo en la regulación del bienestar animal al aprobar su primera ley de ámbito nacional que se ocupa de los animales callejeros. Esta normativa, que ha suscitado un intenso debate, introduce sanciones severas, que incluyen penas de hasta seis meses de prisión por maltrato animal. El ministro de Agricultura, Ahmed El Boauri, justifica esta iniciativa citando un «aumento descontrolado» de perros y gatos desamparados en el país, que ya suman más de tres millones según estimaciones de la Sociedad Protectora de los Animales (SPA). Así, la ley busca abordar cuestiones de salud y seguridad pública en una nación donde la población animal callejera se ha convertido en un desafío.
Sin embargo, uno de los artículos más controversiales de esta nueva ley prohíbe alimentar a los animales en la vía pública, imponiendo multas que superan los 180 euros por esta actividad. Esta prohibición ha generado críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de los derechos de los animales, quienes argumentan que alimentar a los animales callejeros es una práctica solidaria y culturalmente arraigada en Marruecos. La ley, según críticos, castiga a aquellos ciudadanos que buscan ayudar a los animales que deambulan por las calles, desdibujando la línea entre el cuidado y la criminalización.
La Sociedad Protectora de los Animales (SPA) ha expresado su preocupación sobre el enfoque represivo que, a su juicio, ha adoptado esta ley. En un comunicado reciente, la organización manifestó su temor a que esta legislación pueda criminalizar a voluntarios y asociaciones que se dedican diariamente a proteger y cuidar a los animales abandonados. La SPA considera que el nuevo marco legislativo no solo es perjudicial para los animales, sino que también crea un ambiente hostil para quienes tratan de mejorar su situación.
Por otro lado, la ley aborda aspectos más positivos al prohibir el maltrato y la violencia hacia los animales, estableciendo sanciones económicas que pueden superar los 1.800 euros y penas de cárcel que van de dos a seis meses. Además, se busca controlar la proliferación de refugios de animales sin licencia, imponiendo multas que oscilan entre los 4.600 y 27.600 euros. Esto implica un intento por regularizar y profesionalizar el manejo de los refugios de animales, aunque la implementación efectiva y el control de estas prácticas aún están por verse.
Finalmente, la ley propone la creación de centros de acogida, tanto públicos como privados, y establece un control digital a través de la identificación de los animales mediante chips y un registro nacional. A medida que la legislación se pone en marcha, es evidente que el camino hacia un mejor bienestar animal en Marruecos será complejo y estará marcado por la necesidad de conciliar los derechos de los animales, la responsabilidad pública y las tradiciones culturales. La discusión sobre esta ley, por lo tanto, no hace más que empezar y podría redefinir la relación entre los marroquíes y los animales en situación de vulnerabilidad.