Diversos grupos ecologistas, como el Fondo Lobo y Alianza Verde, han alzado su voz en contra de la propuesta de decreto presentada por el Gobierno asturiano, que busca adaptar el Plan de Gestión del Lobo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Esta decisión judicial autoriza la caza de lobos en situaciones donde se considere la única solución para prevenir daños a la ganadería. Los ecologistas argumentan que la ejecución de controles poblacionales sobre esta especie no puede llevarse a cabo sin una evaluación científica exhaustiva que demuestre realmente la necesidad de tales medidas, enfatizando la importancia de proteger esta especie emblemática en peligro de extinción.
Alianza Verde ha manifestado su profundo descontento ante lo que consideran una política anti-científica por parte del Gobierno del Principado de Asturias, que fomenta el odio hacia el lobo. En sus alegaciones, enfatizan que la directiva Hábitats de la Unión Europea solo permite la gestión de la población de lobos si su estado de conservación se considera favorable. Sin embargo, las pruebas científicas indican lo contrario, ya que el informe sexenal 2013-2018 clasifica la situación del lobo ibérico en España como desfavorable, con un censo nacional que cuenta solo con 333 manadas, lo que subraya la necesidad de un enfoque más protector y sostenible.
La sentencia del Tribunal Supremo, emitida en febrero, establece que la caza de lobos únicamente está justificada cuando se presente como la única medida viable para evitar daños. Además, enfatiza que cualquier medida de gestión que implique la muerte de lobos debe adherirse a condiciones rigurosas. Este enfoque cauteloso resalta la importancia de buscar siempre alternativas a la caza y de garantizar que cualquier intervención se fundamente en datos sólidos y actualizados sobre la población de lobos.
El Gobierno asturiano ha respondido a las preocupaciones ecologistas, señalando que el nuevo decreto se ajustará a los criterios establecidos por el Supremo en relación a la gestión poblacional del lobo. Las autoridades planean utilizar los datos de la situación de la especie en Asturias, que se conocerán en 2025, para desarrollar un programa de control de la población para el período 2026-2027. De esta forma, el Ejecutivo regional busca preparar un marco jurídico adecuado que respalde las medidas de gestión, siempre bajo un enfoque que priorice la conservación del lobo.
Con el objetivo de regular la población de lobos y asegurar la sostenibilidad de actividades ganaderas, el Ejecutivo asturiano confía en aprobar el decreto correspondiente antes de que finalice este semestre. En este contexto, el Gobierno ha advertido sobre un «incremento importante» en el número de manadas de lobos en la región, lo que podría amenazar la viabilidad de ciertas prácticas ganaderas si no se implementan medidas adecuadas. Sin embargo, los grupos ecologistas siguen presionando para que se priorice un enfoque más equilibrado que contemple la protección del lobo como parte de la biodiversidad de Asturias.