El El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Galicia han presentado una solicitud formal ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que se eleve al Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la Ley de Desperdicio Alimentario. Esta controvertida ley, que ha facilitado la desprotección del lobo ibérico en España, ha motivado que ambas organizaciones ecologistas interpusieran un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Xunta de Galicia que permite el control letal del lobo ibérico en la próxima temporada de caza 2025/2026. Las organizaciones denuncian no solo vicios formales y materiales en la tramitación de la ley, sino también la introducción de enmiendas legislativas que han debilitado la protección de esta especie, clave para la biodiversidad de la península.
Sara González, representante legal de El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción, ha explicado que el objetivo es que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley. De aceptarse la cuestión de inconstitucionalidad por parte del TSXG, se suspenderían todas las órdenes de vedas que incluyan la caza del lobo hasta que el TC dé una respuesta definitiva. Este procedimiento no solo tiene relevancia jurídica, sino que también subraya la necesidad de proteger una especie cuyo estado se considera desfavorable en términos de conservación. De hecho, el Defensor del Pueblo también ha recurrido la ley ante el TC, lo que podría reforzar la posición de las organizaciones ecologistas.
Desde el ámbito legal, Doreste, abogado de las organizaciones, ha enfatizado que plantear la cuestión de inconstitucionalidad era un paso necesario. Según su interpretación, no se puede permitir que a través de enmiendas arbitrarias en una ley destinada a abordar el desperdicio alimentario se desproteja al lobo, una especie que juega un papel fundamental en los ecosistemas. Este tipo de modificaciones legislativas se consideran un ataque directo al Estado de Derecho y a la normativa sobre biodiversidad, lo que pone en riesgo la integridad de las especies protegidas y, en consecuencia, el equilibrio ecológico.
Las enmiendas comerciales, impulsadas por el Partido Popular y apoyadas por VOX, Junts y PNV, resultaron en la exclusión del lobo ibérico del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, a pesar de que en 2021 había sido incluido debido a su alarmante estado de conservación. Las organizaciones ecologistas argumentan que la caza del lobo no puede ser autorizada cuando la población de la especie se enfrenta a un estado desfavorable de conservación y contradice los principios científicos y las normativas de conservación establecidas en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en la Directiva Hábitats.
Finalmente, las organizaciones señalan la falta de efectividad de la caza de lobos para evitar daños a la ganadería, además de criticar la ausencia de un estudio riguroso sobre el estado poblacional del lobo y la falta de alternativas no letales para el control de la especie. Según su opinión, las medidas de control que se han implementado son más una forma de persecución sistemática que una solución viable a los problemas que se pretenden abordar. Esto refuerza la necesidad de una evaluación cuidadosa y objetiva de estas estrategias, así como la recuperación de la protección del lobo ibérico en el marco de la legislación española.