La Comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ha enviado una carta a los partidos Podemos y Alianza Verde en la que enfatiza la protección del lobo al norte del río Duero, el cual está listado en el anexo V de la Directiva Hábitats. Este estatus legal exige que los Estados miembros de la UE tomen las medidas necesarias para asegurar que la caza de la especie sea compatible con un estado de conservación favorable. En este sentido, los recientes acontecimientos en Cantabria, donde se autorizó la caza de 41 lobos para controlar daños al ganado, han provocado un gran debate, especialmente tras el sacrificio de tres hembras que resultó en la muerte de sus cachorros, generando preocupación sobre la superación del cupo legal y el potencial incumplimiento de la normativa europea de conservación.
En su respuesta, Roswall subraya que según el último censo enviado por España a Bruselas (2013-2018), el lobo se encuentra en un estado de conservación desfavorable en Cantabria. Además, destaca que España aún no ha presentado el informe correspondiente al periodo de 2019-2024, el cual debía ser enviado antes de julio de 2025. Este retraso podría tener implicaciones importantes para las políticas de conservación y gestión de la caza del lobo, dado que la responsabilidad principal de cumplir con la Directiva recae en las autoridades nacionales. La Comisaria recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que sin certeza sobre el estado de conservación, no se puede permitir la caza de la especie.
Ernesto Díaz, del Fondo para la Protección del Lobo, aplaudió la claridad de la Comisión Europea al declarar ilegal la caza de lobos mientras subsistan dudas sobre su conservación. También destacó que habrá consecuencias legales para aquellos responsables de la muerte de lobos desde que se modificó la legislación en 2025. Este cambio, promovido por una enmienda del Partido Popular, permitió que la extracción de lobos se realizara bajo condiciones que muchos consideran perjudiciales para la seguridad de la especie, actualmente en una situación crítica tras haber sido catalogada como vulnerable por las autoridades científicas.
El gobierno español se enfrenta a la presión de presentar un informe exhaustivo sobre el estado de conservación del lobo, un requisito estipulado por la normativa de la UE. El informe, que debe elaborar el Ministerio para la Transición Ecológica con datos de las comunidades autónomas, ha generado controversia debido a la discordancia entre las comunidades sobre la situación del lobo. Mientras que el informe oficial indica un estado desfavorable, un informe alternativo de la Xunta de Galicia señala que en las regiones atlántica y mediterránea la situación sería favorable, lo que a su vez ha suscitado críticas sobre la metodología utilizada por el gobierno central.
Finalmente, la reciente inclusión del lobo ibérico en la Lista Roja Nacional de la UICN como especie vulnerable refuerza la urgencia de abordar su conservación de manera seria. De acuerdo con la normativa, al ser incluido en esta lista, se prohíbe su caza, y cualquier extracción puede realizarse solo bajo circunstancias excepcionales y con supervisión estricta. Con la presión política y social en aumento, la comunidad ambientalista exige que se priorice la conservación del lobo frente a intereses económicos o de gestión ganadera. La inacción y los conflictos entre administraciones podrían comprometer no solo la especie, sino también la integridad de los ecosistemas en los que habita.