Desde la exclusión del lobo ibérico del Lespre el 20 de marzo de 2025, la especie ha estado en el ojo del huracán, enfrentándose a un mar de leyes y conflictos judiciales que complican su situación. El reciente fallo del Tribunal Supremo, emitido en febrero, establece que la caza del lobo solo será permitida en circunstancias excepcionales, es decir, cuando se considere la única opción viable para resguardar al ganado de daños. Esta sentencia subraya la necesidad de implementar condiciones estrictas para los controles de población que implican la muerte de ejemplares, enfatizando que se deben explorar y promover medidas alternativas que los ganaderos pueden adoptar para prevenir ataques de lobos. Este cambio normativo ha generado una clara división entre los ganaderos, que celebran el regreso de la caza, y las organizaciones ecologistas, que han comenzado a desarrollar acciones legales para proteger a la especie.
La cuestión del censo del lobo ibérico se ha convertido en un punto crítico para su conservación. El último conteo, que abarca el período de 2021 a 2024, revela que existen 333 manadas en España, lo que representa un incremento del 12% desde 2014; sin embargo, este número permanece por debajo de las 500 manadas necesarias para garantizar la viabilidad genética de la especie. En un giro sorprendente, varias comunidades autónomas declararon en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que la situación del lobo es «favorable», lo que contradice las advertencias del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Esto ha generado confusión y ha forzado al Ministerio a solicitar más tiempo para la entrega de un informe fundamental a la Comisión Europea, que podría tener implicaciones severas para las políticas de caza.
Cantabria ha mostrado un enfoque decididamente proactivo en la gestión del lobo, alcanzando el límite de su cupo de extracción para la temporada 2025-2026. Sin embargo, esta decisión ha sido objeto de controversia, pues mientras las autoridades locales abogan por el control de la población de lobos, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que cuestiona la legalidad de las autorizaciones previas para la caza, favoreciendo así a las organizaciones ecologistas. Con la intención de cumplir con los lineamientos judiciales, el Gobierno de Asturias ha suspendido las batidas de lobo y se encuentra en el proceso de reformar su plan de gestión, a pesar de que ya se habían producido bajas significativas de lobos en la región.
En Galicia, la caza del lobo se ha visto suspendida por la intervención del Tribunal Superior de Xustiza, que paralizó cautelarmente las medidas diseñadas por el Ejecutivo gallego, las cuales permitían la caza sin establecer un cupo específico. El tribunal determinó que los argumentos sobre el aumento de ataques de lobos no estaban suficientemente respaldados, lo que ha llevado a una mayor tensión entre las autoridades regionales y las organizaciones conservacionistas. En otras comunidades como Castilla y León y La Rioja, la caza también ha estado marcada por la falta de implementación efectiva de planes de gestión, lo que refleja las complejidades políticas y sociales en torno a la protección del lobo.
El Gobierno Vasco, que ha enfrentado problemas similares, ha decidido no confirmar si ha habido muertes de lobos en su territorio recientemente, mientras continúa observando un crecimiento de la población. Con esto, la presión sobre los ganaderos se agudiza, ya que reportan ataques cada vez más frecuentes por parte de lobos jóvenes que migran desde regiones cercanas. Sin un plan de gestión efectivo en este territorio, la situación se vuelve insostenible para el sector agrícola, que se siente cada vez más desprotegido. A medida que la discusión sobre la conservación del lobo ibérico se intensifica, se profundiza la necesidad de un diálogo constructivo que incluya todas las partes interesadas, asegurando así un futuro sostenible tanto para la especie como para la actividad ganadera.