Siete comunidades autónomas que poseen competencias en la gestión del lobo en España han enviado un documento a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, donde califican el estado de conservación de esta especie como «favorable». El Ejecutivo cántabro, liderado por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, es quien ha puesto en marcha esta comunicación formal, acompañada de un informe emitido por el Comité de Flora y Fauna Silvestres, que pertenece a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este informe es fundamental para respaldar la adecuación del lobo a las directrices de conservación europeas.
La entrega de este informe se enmarca en un encuentro que tuvo lugar el 30 de enero de 2026 en Santander, donde representantes de las comunidades autónomas de País Vasco, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León discutieron la actual situación del lobo en sus regiones. En dicho encuentro, se resaltó la «rebeldía» del Gobierno central al no cumplir con su obligación de informar a la Comisión Europea, cada seis años, sobre el estado de conservación de las especies silvestres protegidas, como es el caso del lobo, cuyo informe debió ser enviado el 31 de julio de 2025.
En su comunicado, las comunidades autónomas también denunciaron la falta de respuesta del Gobierno de España que impide la modificación de la directiva europea respecto al régimen de protección del lobo, situación que simplificaría su estatus jurídico y permitiría una gestión eficaz a nivel regional. El Gobierno de Cantabria ha calificado de «obstructiva» la actitud del ejecutivo nacional, acusándolo de poner en riesgo la convivencia entre la conservación del lobo y la protección de la ganadería, a pesar de contar con un respaldo técnico-científico que avala el control de la especie.
Además, el Ejecutivo regional puntualiza que esta negativa por parte del Gobierno español no solo contradice las normativas españolas y europeas, sino que también está causando serios daños a las explotaciones ganaderas. La falta de acción adecuada en esta materia podría tener consecuencias profundas en el medio rural, donde se vuelve crucial equilibrar la protección de la fauna con las necesidades del sector ganadero.
Por último, se destaca que la Comisión Europea ya ha iniciado un expediente de infracción contra España debido a la falta de respuesta en la gestión y protección del lobo ibérico, lo que resalta la gravedad de esta situación. El Gobierno de Cantabria ha expresado su desacuerdo con las afirmaciones del Gobierno central sobre una supuesta prórroga en la entrega del informe, dado que la apertura del expediente de infracción evidencia la falta de cumplimiento. Con esta serie de acciones, se busca no solo defender al lobo, sino también preservar la viabilidad del entorno rural y la actividad ganadera.