El **Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada** (ICGEA) ha analizado la propuesta del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, y ha llegado a la conclusión de que esta norma, promovida por el Ministerio de Sanidad, se fundamenta en un diagnóstico erróneo sobre el modelo sanitario catalán. El estudio argumenta que las modificaciones propuestas podrían llevar a un deterioro significativo en las funciones y competencias del sistema sanitario de Cataluña, así como a un impacto económico y asistencial negativo en una comunidad que ha desarrollado un sistema público robusto y eficiente durante más de cuatro décadas.
En su análisis, el informe sostiene que el debate nacional sobre la colaboración público-privada se está enfocando desde una perspectiva que desconoce la realidad histórica del sistema sanitario catalán. Según Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA, el **Sistema Integrado de Salud de Cataluña** (SISCAT) no representa una privatización de la sanidad pública; de hecho, lo contrario es cierto. Destaca que el SISCAT integra diversas entidades y fundaciones dentro de un marco de responsabilidad pública, lo que reafirma la naturaleza del sistema público catalán como un ente inclusivo y no como un proceso de privatización.
Cataluña se distinguió por ser la primera comunidad autónoma en asumir competencias sanitarias en 1981, estableciendo la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña en 1990, que consolidó un modelo sanitario plural y diversificado. Hoy en día, el SISCAT comprende un considerable número de hospitales, centros de atención primaria y establecimientos de salud mental, todos bajo financiación pública. Esta rica trayectoria asistencial, que incluye la incorporación histórica de diversas instituciones, ha configurado un sistema de salud que se ha consolidado como uno de los más avanzados no solo en España, sino en Europa.
Además, la singularidad del modelo sanitario catalán está respaldada por la existencia de importantes centros de investigación biomédica como el **Hospital Clínic**, **Vall d’Hebron**, **Sant Pau** y **Sant Joan de Déu**. Estas instituciones, que operan bajo estructuras organizativas flexibles y con autonomía en la gestión, han logrado convertirse en pioneras en innovación médica, investigación y transferencia científica. El ICGEA enfatiza que esta capacidad de innovación se ha cultivado gracias a un modelo que facilita la colaboración entre el sistema de salud, las universidades y el sector empresarial.
Finalmente, el informe del ICGEA advierte que el anteproyecto de ley no solo pone en riesgo la salud pública de Cataluña, sino que también puede tener impactos negativos en el ámbito competencial autonómico en general. La transformación de la gestión indirecta en una fórmula excepcional y la definición de «privatización» pueden desencadenar incertidumbre jurídica para las fundaciones y consorcios que forman parte del tejido del modelo de salud. En un momento en el que ya hay más de 914.000 pacientes en lista de espera, el ICGEA concluye que limitar la capacidad operativa del sistema podría agravar aún más la presión asistencial, debilitando el pilar de un modelo que ha sido fundamental para la sanidad catalana.