El debate sobre la regulación de las infraestructuras pasivas de Telefónica ha cobrado protagonismo en el sector de telecomunicaciones en España, especialmente tras las declaraciones del CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, en el DigitalES Summit. Spenger se opuso a revisar el actual marco de acceso a los conductos, postes y canalizaciones de Telefónica, defendiendo que hay «muchas razones para no cambiar esta regulación». Además, califica como «interesada y parcial» la propuesta de Telefónica para modernizar las condiciones económicas de acceso a su infraestructura civil, generando un fuerte debate entre los operadores sobre la competencia y el acceso equitativo a las infraestructuras necesarias para el despliegue de servicios de telecomunicaciones.
Sin embargo, fuentes del sector apuntan que la postura de MasOrange tiene un contraste notable con el contexto regulatorio en Francia, donde se ha permitido una significativa actualización de los precios de acceso a la infraestructura civil del operador incumbente, Orange. Estas autoridades han evaluado que este ajuste no perjudica la competencia ni afecta a los consumidores. De hecho, desde marzo de 2024, los precios de acceso a la infraestructura civil de Orange han incrementado en más de un 130%, partiendo de un nivel ya superior al español, convirtiendo los precios de acceso en Francia en más de cuatro veces más altos que los establecidos por Telefónica en España.
Expertos en el sector consideran que la crítica de MasOrange a la posibilidad de una revisión regulatoria en España se debilita al contrastarla con la experiencia francesa, donde se ha avanzado en la sostenibilidad de las infraestructuras del operador incumbente. Esta comparación revela que los temores de que una revisión de MARCo en España podría menoscabar la competencia o perjudicar a los consumidores pueden estar infundados. Tal argumento pone de manifiesto la necesidad de actualizar el marco regulatorio, alineándose así con las tendencias en otros mercados europeos.
Además, hay que señalar que actualizar los precios regulados no significa necesariamente «remonopolizar» el mercado. Según análisis sectoriales, se trataría más bien de establecer condiciones razonables para el uso de las infraestructuras de Telefónica, siguiendo los principios del Reglamento Gigabit de la Unión Europea. Este enfoque busca tener en cuenta no solo la evolución del mercado tras tres décadas de liberalización, sino también la importancia de garantizar un retorno razonable de las inversiones y de establecer precios de mercado que sean comparables a los de otros países.
Por otro lado, fuentes del sector sugieren que el acceso a la infraestructura civil de Telefónica representa apenas un 2% de los costes de despliegue de un operador eficiente, lo que implica que una actualización de precios no debería alterar significativamente la capacidad competitiva de otros operadores en el mercado. También se cuestiona la afirmación de que Telefónica obtiene márgenes del 50% con este servicio, destacando que la CNMC ha aplicado metodologías de costes que han indicado márgenes negativos para el mismo. La intención, según estas fuentes, es corregir una regulación que ya no responde a las realidades del mercado actual.