Un significativo acontecimiento judicial ha tenido lugar en Alicante, donde el juzgado ha convocado a José Miguel García Fernández, consejero delegado de Vodafone España, a declarar como investigado. Esta citación, programada para el 1 de septiembre y realizada por videoconferencia, se produce en el contexto de un conflicto legal entre la operadora y los fundadores de Finetwork. La querella, presentada por Pascual Pérez, denuncia un presunto delito de administración desleal agravada, alegando que García Fernández mantuvo una doble función perjudicial para los intereses de Finetwork durante el período en que fue administrador único de Wewi Mobile y, al mismo tiempo, CEO de Vodafone España, su principal competidora y acreedora.
El tribunal de instancia en Alicante ha admitido la querella, lo que implica la apertura de diligencias previas y la participación del Ministerio Fiscal en el caso. La denuncia se centra en operaciones llevadas a cabo entre octubre de 2025 y abril de 2026, incluyendo la firma del contrato que permitió a Vodafone adquirir la marca Finetwork. Este conflicto legal se complica aún más con otra querella interpuesta por un grupo de socios minoritarios de Wewi en Elda, acusando a García Fernández y a varias entidades de Vodafone de actividades similares. Hasta ahora, las demandas de Vodafone contra los antiguos gestores de Wewi no han prosperado en el ámbito jurídico.
Por otro lado, el panorama judicial parece favorecer a los fundadores de Finetwork, ya que la Audiencia Provincial de Alicante anuló recientemente el plan de reestructuración de Vodafone que le dio control sobre el 90% de la compañía en septiembre de 2025. La decisión firme de la corte fue desestimar el recurso de nulidad presentado por Vodafone, lo que impacta gravemente en sus posiciones legales y comerciales. Adicionalmente, el Registro Mercantil de Alicante ha cancelado la ampliación de capital que había permitido a Vodafone posicionarse como el mayor accionista de Wewi.
Mientras la batalla legal se intensifica, Vodafone continúa apoyándose en informes forenses de Deloitte para justificar sus acciones frente a Wewi Mobile. Sin embargo, los ex-socios han contado con un dictamen pericial contradictorio que cuestiona la validez del análisis realizado por Deloitte, sugiriendo que las conclusiones carecen de fundamento y no reflejan correctamente la contabilidad interna de la empresa. Este nuevo dictamen argumenta que ciertos movimientos económicos, catalogados como dudosos, tienen explicaciones legítimas y rechaza la acusación de irregularidades en la gestión financiera.
En un contexto de creciente presión por la reestructuración, Vodafone ha presentado un nuevo plan para consolidar su control sobre Wewi, acompañada de otros acreedores que reclaman juntos más de 50 millones de euros. Este segundo intento de reestructuración se basa en una evaluación de PwC que estima el valor de Wewi en 75 millones de euros, aunque la empresa enfrenta un panorama de patrimonio negativo que complica su situación financiera. A medida que se desarrollan estos eventos, la marca Finetwork se ha convertido en un activo crucial para Vodafone, y sin su uso, el futuro de Wewi se torna incierto.