El Tribunal Supremo ha respaldado el despido colectivo de 609 empleados de la empresa MasOrange, validando así la controversia que había surgido en torno a este ERE, cuya ejecutoria ya había sido desestimada por la Audiencia Nacional en abril de 2024. Esta serie de decisiones judiciales refuerzan la postura de la compañía, que se justificó en pérdidas económicas significativas durante el periodo fiscal, superando los 400 millones de euros. El fallo del Supremo, fechado el 24 de abril, menciona que «las causas económicas alegadas por la empresa han sido corroboradas a través de un informe técnico», evidenciando la gravedad de la situación financiera de MasOrange.
La reacción de los sindicatos fue inmediata, destacándose la oposición firme de USO y CCOO, que intentaron impugnar el procedimiento ante los tribunales. Sin embargo, los recursos de casación presentados por estos sindicatos han sido desestimados, confirmando así la validez del proceso de despido colectivo acordado. El conflicto se intensificó debido a la reducción del número de empleados afectados, de 650 a 609, lo que generó tensiones entre los sindicatos que apoyaron el acuerdo y los que se opusieron a él, marcando un claro enfrentamiento dentro del sector.
En el acuerdo alcanzado entre la dirección de MasOrange y los sindicatos UGT y Fetico, se establecieron indemnizaciones que variaban dependiendo de si la salida era voluntaria o forzosa. Para aquellos que decidieron adherirse al ERE de manera voluntaria, la indemnización oscilaba entre 34 y 47 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. Por el contrario, los trabajadores que fueron despedidos de manera obligatoria recibirían entre 33 y 45 días de indemnización por año, también con un máximo de 24 mensualidades. Estas condiciones fueron parte esencial del pacto, aunque criticadas por los sindicatos en oposición.
Un aspecto relevante en la decisión del Tribunal Supremo fue la mención de la existencia del grupo laboral MasOrange, un argumento que los sindicatos USO y CCOO utilizaron para intentar respaldar sus demandas. Sin embargo, la sentencia subraya que «la aparición del grupo laboral durante el periodo de consultas no puede considerarse como una novedad», indicando que existió un proceso de integración previo entre las distintas sociedades involucradas, lo cual restó validez al argumento de oposición presentado por los sindicatos.
Con este fallo, el Tribunal Supremo no solo valida el despido colectivo en cuestión, sino que también establece un precedente sobre cómo las causas económicas pueden fundamentar decisiones de este tipo en el contexto laboral. La ratificación de la sentencia de la Audiencia Nacional puede tener amplias repercusiones en futuras negociaciones entre empresas y sindicatos, especialmente en un área tan delicada como la de los despidos masivos, donde el equilibrio entre la viabilidad empresarial y la protección del empleo sigue siendo un tema candente en el panorama español.