Los gobiernos de Cantabria y La Rioja han reforzado sus políticas sobre la caza del lobo ibérico mediante la reciente aprobación de un nuevo Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, que permite la caza de hasta un 20% de la población anual. Esta medida responde a la preocupación de los ganaderos frente a los daños causados por los lobos, ya que desde 2025 se han registrado más de 3.000 ataques a ganado. Por su parte, La Rioja ha autorizado la muerte de cuatro lobos fuera del periodo previamente establecido, desencadenando un intenso debate sobre la sostenibilidad de estas decisiones en el contexto de las tendencias de conservación del lobo.
Sin embargo, estas autorizaciones se han visto empañadas por las resoluciones del Tribunal Supremo, que ha anulado múltiples permisos de caza en Cantabria. En particular, los fallos dictados en 2022 y en febrero de 2023 instauran una jurisprudencia que limita severamente la capacidad de las autonomías para gestionar la población de lobos, enfatizando que la muerte de estos animales debe ser considerada como último recurso y que deben explorarse previamente alternativas para prevenir los ataques.
A pesar de la defensa del Gobierno cántabro sobre el nuevo plan de gestión, que considera que el estado de conservación del lobo es favorable debido al aumento de sus poblaciones, los argumentos del Tribunal Supremo recuerdan que cualquier caza debe comprobar el bienestar de la especie a nivel regional y no sólo en ciertos municipios. Esta atención al contexto más amplio refleja la necesidad de revisar las políticas de gestión del lobo incluso en áreas donde su población parece estar en aumento.
La respuesta de las comunidades autónomas ante estos cambios legales ha sido variada. Asturias, por ejemplo, interrumpió la caza de lobos tras los recientes fallos del Tribunal Supremo que invalidaron autorizaciones que consideraban que penalizaban de manera severa e indiscriminada la especie. En cambio, Cantabria continúa avanzando con su Plan de Gestión, pero enfrenta críticas por no tener en cuenta las directrices del tribunal, lo que podría resultar en futuras controversias legales y conflictos con organizaciones de defensa del lobo.
Finalmente, el enfrentamiento entre las comunidades loberas y el Gobierno central resalta la complejidad de la gestión de la biodiversidad en España. Mientras que las regiones afectadas defienden que el estado de la población de lobos es robusto y permite la caza, el Gobierno sostiene que se requiere una revisión exhaustiva de los últimos datos para evaluar su conservación. Este dilema plantea preguntas sobre el equilibrio entre las necesidades de los ganaderos y la protección de una especie emblemática como el lobo ibérico.