Las recientes decisiones del Tribunal Supremo en relación con la caza de lobos en las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria marcan un hito significativo en la protección de esta especie en peligro. Ignacio Martínez, portavoz de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), destacó que estas sentencias ponen fin a la muerte «irracional e indiscriminada» de lobos, que anteriormente se permitía a través de un sistema de «cupos». Las sentencias anulativas de las autorizaciones para la caza en ambos territorios evidencian la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de gestión de la población de lobos, priorizando su conservación frente a intereses económicos en el sector ganadero.
La justicia ha dejado claro que la caza del lobo debe ser considerada como un recurso excepcional y debe ser justificada únicamente cuando no existan otras alternativas viables para prevenir daños al ganado. Este enfoque implica que cada autorización para la captura o muerte de lobos debe ser precedida por un análisis riguroso de las soluciones disponibles que no impliquen su sacrificio. La reciente jurisprudencia establece que cualquier medida para gestionar la población de lobos debe estar alineada con la Directiva Hábitats de la Unión Europea, lo que implica un respeto fundamental hacia el estado de conservación de la especie.
Uno de los aspectos más impactantes de las sentencias es la anulación del artículo 7.5 del II Plan de Gestión del Lobo en Asturias, que permitía el establecimiento de cupos de extracción basados en datos poblacionales y sociales. Esto resulta crucial dado que el actual Gobierno de Asturias, tras conocer la decisión judicial, suspendió su programa de extracción de lobos 2025-2026, que había ya resultado en la muerte de varios ejemplares. ASCEL celebra estas decisiones como un paso hacia el fin de lo que consideran un sistema de caza indiscriminada que ha puesto en peligro la población de lobos, demandando un futuro en el que las excepciones a la caza sean realmente excepcionales y estén justificadas.
La cronología de los eventos revela un contexto complejo. En 2025, la Unión Europea redujo la clasificación del lobo de «estrictamente protegido» a «protegido», permitiendo a los Estados miembros la opción de mantener un nivel más alto de protección. Sin embargo, en España, esto se tradujo en una modificación legislativa que resultó en la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Esta decisión provocó un aumento de la caza de lobos, lo que evidenció la fragilidad de sus poblaciones en un entorno que ya era complicado por la presión ejercida por otras actividades humanas.
Entre las opiniones de expertos, el jurista Brufao Curiel ha expresado que la desprotección del lobo es inconstitucional debido a su arbitrariedad y a la falta de un enfoque coherente en la legislación. Así, el llamado a mantener un equilibrio entre la protección de la fauna silvestre y las demandas de los sectores productivos se vuelve cada vez más urgente. Con datos recientes que indican un aumento en el número de manadas de lobo, la presión sobre que se garantice su protección y viabilidad en el futuro se hace más necesaria que nunca, no solo con la legislación vigente, sino también con un consenso y una educación adecuada sobre la importancia de esta especie en el ecosistema.